Aun cuando las funciones que realiza el Corredor Público no se consideran exclusivas, las personas que acuden a las Corredurías del Distrito Federal, obtienen múltiples beneficios, de los cuales mencionaremos solamente los siguientes:

a).- GARANTIA PARA EJERCER SUS FUNCIONES.- Absolutamente todos los Corredores Públicos habilitados para ejercer su profesión por la Secretaría de Economía, tienen que garantizar anualmente y mantener vigente su garantía para el debido ejercicio de sus funciones mediante el depósito de la cantidad equivalente a 5000 veces el salario mínimo vigente en el Distrito Federal ante la Secretaría.


Con esta garantía, el particular tiene la certeza que su relación profesional con el Corredor Público en cualquiera de sus funciones, será dentro del marco de la legalidad, pues en caso contrario, si ve afectado su interés particular, podrá solicitar que se haga efectiva la garantía en su favor.

b).- ATENCIÓN PERSONALIZADA.-  Es muy común, que cuando acudimos a otros lugares con otros prestadores de servicios, seamos atendidos por empleados o dependientes del titular de dicha oficina, circunstancia que desmerece totalmente la calidad del servicio, además que en caso de inconformidad, es muy difícil o virtualmente imposible, poder acceder hasta el titular para obtener tanto la satisfacción de su queja, como la asesoría a la que tiene derecho por el pago de sus servicios, aún cuando la obligación profesional, o la ley que regule dicha función, establezca la obligación de una atención personalizada.

En todas las Corredurías Públicas del Distrito Federal, la persona que acude es atendida personalmente por el Corredor Público titular, y en aquellas corredurías donde por la calidad de su servicio se tiene una carga considerable de trabajo, los auxiliares encargados de atender en una primera visita al cliente, generalmente son Licenciados en Derecho que han obtenido la calidad de aspirantes al ejercicio de la correduría, independientemente que en su totalidad, el acceso al Corredor se encuentra garantizado en todo momento, independientemente que la mayoría de las corredurías cuenta con personas capacitadas para brindar atención bilingüe cuando menos.

c).- AGILIDAD EN EL SERVICIO.- El Corredor Público comprende que la actividad comercial, por su propia naturaleza,  requiere para su eficacia y efectividad de una agilidad precisa, pues en ocasiones, el éxito comercial radica principalmente en cumplir con las exigencias y formalidades del trato a realizarse en un tiempo razonable.

En ese sentido, la Correduría Pública es capaz de minimizar los tiempos dentro de los rangos internacionalmente aceptados, no obstante el cúmulo de trámites adicionales que se prevén dentro de nuestra legislación, sin perjuicio de la seguridad jurídica.

d).- ESTIPULACIÓN LIBRE DE HONORARIOS.- El Corredor Público está facultado por la ley para fijar libremente el monto de sus honorarios con el particular. Aparentemente, este circunstancia puede parecer ventajosa frente al cliente; no obstante, al contrario de otros funcionarios que deben regirse por un arancel establecido, y que en ocasiones, contempla cuotas mínimas de cobro por encima de la capacidad adquisitiva de los particulares, esta ventaja representa  un beneficio adicional pues el corredor es capaz de comprender las necesidades propias del cliente, y en consecuencia establecer de común acuerdo sus honorarios, sin concurrir en competencia desleal.

e).- ESPECIALIDAD EN MATERIA COMERCIAL Y LEGAL.- especialidad que implica que el corredor, es un experto en materia constitucional, civil, fiscal, laboral, corporativo, internacional, procesal, derecho bancario, financiero, seguros y fianzas, agrario, derechos de autor, propiedad industrial, derecho marítimo, derecho aeronáutico, derecho del consumidor, entre otras, pues la actividad comercial, no se hace por si sola.

Al acudir con un Corredor Público, tenemos la certeza de que la persona ante quien exponemos nuestras dudas, verdaderamente comprende nuestra situación, y es experto en el tema del que habla, pues en contrario de otras personas, el Corredor, por virtud de su habilitación y la permanencia en el ejercicio de su cargo, tiene acreditado el conocimiento pleno en cuestiones mercantiles, y de empresa en todas y cada una de las partes que la integran.

f).- AHORRO EN COSTOS.- La ventaja más importante que se tiene al acudir con el Corredor Público, es el ahorro que representa dentro de los costos del solicitante.

En ocasiones, el conformar una negociación, representa un gasto excesivo, pues es necesario contratar un abogado para que pueda redactar y revisar el o los contratos necesarios; en su caso un perito valuador que pueda estimar el precio de los bienes, servicios o mercancías; un consultor para estimar el beneficio del proyecto a realizar; y finalmente un fedatario para brindar formalidad y seguridad jurídica a los mismos, y en caso de controversia solventar nuevamente el gasto del abogado para hacer frente a las diversas etapas judiciales.

En ese sentido, el Corredor Público es capaz de realizar todas estas funciones, circunstancia que cuando menos, garantiza el ahorro del cuarenta por ciento o más de las cantidades a erogar, pues al poder intervenir en cada una de las etapas del proceso, los gastos fijos a erogar por el corredor se mantienen iguales frente a los gastos fijos de todos los anteriores profesionistas que en su totalidad son absorbidos por el cliente, sin menoscabo de que, al someter sus controversias al arbitraje del propio corredor autorizante, se agilizan los tiempos para resolver la controversia frente al tardado proceso judicial, sin olvidar que al haber intervenido el propio corredor en todas las etapas conoce el origen de los términos pactados.


g).- SEGURIDAD JURÍDICA.- Todos los instrumentos públicos, que se realizan y expiden por el Corredor en ejercicio de sus facultades fedatarias, constituyen prueba plena, en idénticos términos que el instrumento notarial.

Además los avalúos del corredor, tienen pleno valor probatorio y comprobada certeza, pues incluso la legislación que regula los avalúos que emiten las Instituciones de Crédito y demás instituciones financieras del país, reconocen que sus avalúos surtirán los mismos efectos que aquellos emitidos por los Corredores Públicos, reconociendo así su carácter de máximo perito.

Igualmente, los laudos que emite el corredor en ejercicio de sus funciones de árbitro tienen la misma fuerza que una sentencia emitida por los tribunales.

 

Sección Exclusiva para Corredores Públicos



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