En México, desde hace mas de 120 años (año de 1884), únicamente se llega a ser Corredor Público, y se obtiene el título de habilitación correspondiente aprobando un examen de conocimientos.

Esta circunstancia ha asegurado que la Correduría Pública, sea una institución sólida, conformada únicamente por aquellas personas que han decidido dedicar su vida al estudio.

Actualmente, únicamente los mexicanos por nacimiento, Licenciados en Derecho, con título profesional y cédula legalmente expedida que además han cumplido dos años de ejercicio en la práctica general del Derecho, pueden solicitar la aplicación del examen de aspirante, que es completamente teórico, y cuya calificación mínima para aprobarlo es de 7.2.

Este primer examen, cuya finalidad es valorar los conocimientos jurídicos generales del sustentante es de tan difícil resolución, que la estadística demuestra que únicamente una persona de cien que lo presenta, tiene la posibilidad de aprobarlo en la primera oportunidad; dos personas de cada cien que lo presentan, tiene la posibilidad de aprobarlo en la segunda o tercera oportunidad; y doce de cada cien, de la cuarta oportunidad en adelante, sin menoscabo de aquellas personas que han desistido después del cuarto intento, o de aquellos que siguen intentando después de la décima oportunidad.

Aquellos que han logrado aprobar el examen de aspirante, y que además han practicado cuando menos durante un año en el despacho de algún fedatario, pueden entonces solicitar la aplicación de un segundo examen llamado “definitivo”, que es en parte teórico, y en parte práctico, y que se sustenta ante un jurado plural, que se integra por un representante del Gobierno Federal, un representante del Gobierno de la Entidad Federativa que se trate, y un Corredor Público en ejercicio que puede ser o no de la misma localidad.

Este segundo examen, cuya finalidad es valorar si el aspirante es o no apto para el ejercicio de la Correduría Pública, se desarrolla durante más de ocho horas corridas, donde el sustentante debe demostrar fehacientemente su talento y preparación, pues durante las primeras cinco horas, solucionará mediante la redacción de un laudo arbitral o instrumento público, un caso práctico de alto grado de dificultad que se sorteará de entre diez sobres cerrados, además de realizar un avalúo, y de justificar su solución por escrito, independientemente de cualquier otra cuestión necesaria, relativa al problema planteado; finalizada  la prueba escrita, el aspirante se presenta inmediatamente ante el jurado, quien lo interpelará respecto de su solución, así como de cualquier otro tema jurídico que considere pertinente.

La dificultad del examen definitivo es tal, que durante los últimos 7 años, de 35 exámenes que se practican anualmente, únicamente se han habilitado en promedio dos Corredores Públicos por año.

Cabe aclarar que aquellos que no hubieren aprobado cualquiera de los exámenes, deben esperar un lapso de seis meses antes de volverlo a presentar, con ánimo de que puedan completar su preparación.

Tanto el examen de aspirante como el examen definitivo, han demostrado ser un mecanismo ideal que ha funcionado por más de un siglo, y que ha sido exportado de la Correduría Pública a otras instituciones como el Poder Judicial Federal, permitiendo que únicamente aquellos que verdaderamente demuestren su excelencia académica, pleno conocimiento y aptitud, puedan acceder al ejercicio de la función, lo cual aunado a la conformación plural del jurado, asegura que el sustentante que hubiere resultado apto, aprobó su examen sin amiguismos, ni favoritismos, y lejos de cualquier otro interés.

Además, los exámenes de aspirante y definitivo, son exactamente idénticos en todo el país, circunstancia que permite una homogeneización de la institución a nivel nacional.

 

Sección Exclusiva para Corredores Públicos



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